Amona: en servicio de la judaización de Jerusalén

Nir Barkat, alcalde de Jerusalen: "A menos que Amona esté legalizada, tendremos que destruir cientos o miles de casas en Jerusalén" (foto: captura de monitor)
Nir Barkat, alcalde de Jerusalen: “A menos que Amona esté legalizada, tendremos que destruir cientos o miles de casas en Jerusalén” (foto: captura de monitor)

Las autoridades municipales de Jerusalén exigieron la semana pasada que el Tribunal Superior de Justicia de Israel se retractara de una orden que demorara la demolición de más de una docena de casas palestinas en Jerusalén Este.

El origen de esta declaración rechazando un veredicto del Tribunal Supremo es otra decisión del mismo tribunal demandando la demolición de Amona, una colonia salvaje, no regulada por el gobierno de Israel, al noreste Ramallah.

El alcalde de Jerusalén israelí, Nir Barakat, afirmó que si Amona es demolida entonces “las manos [de la municipalidad] estarían atadas” en lo que respecta a casas palestinas construidas en tierras que podrían haber sido propiedad de judíos antes de 1948 en Jerusalén Oriental .

“A menos que Amona esté legalizada, tendremos que destruir cientos o miles de casas en Jerusalén”, aclaró Barkat.

“El veredicto de Amona no nos deja ninguna discreción para regularizar infracciones de construcción ya que estamos obligados a actuar de acuerdo a la ley para con judíos como para con árabes”, concluyó el alcalde de Jerusalén, quien también tiene intenciones de sustituir a Benjamín Netanyahu como dirigente del Likud.

Claro, las autoridades israelíes, contradiciendo los dichos del alcalde, habían reconocido ya antes de que la Corte Suprema reafirmara la ilegalidad de Amona, que la colonia salvaje era ilegal y debía demolerse.

Cuando los propietarios palestinos se quejaron en 1996 a las oficinas de coordinación de las actividades gubernamentales en los territorios ocupados sobre las primeras caravanas que fueron establecidas en Amona, se les aseguró que el sitio era tratado como construcción ilegal. En ese momento, las autoridades israelíes alentaron a las familias a ser pacientes, insistiendo en que el proceso podría llevar tiempo.

Amona: tanto la ley internacional, como la ley israelí, afirman que la colonia de Amona es ilegal porque esta fue construida sobre tierras de Cisjordania incautadas solamente con fines militares (foto: Wikimedia).
Amona: tanto la ley internacional, como la ley israelí, afirman que la colonia de Amona es ilegal porque esta fue construida sobre tierras de Cisjordania incautadas solamente con fines militares (foto: Wikimedia).

Tanto la ley internacional, como la ley israelí, afirman que la colonia de Amona es ilegal porque fue construida sobre tierras incautadas a residentes palestinos de Cisjordania con fines militares. En consecuencia, la tierra no puede ser utilizada para fines civiles israelíes (es decir, colonias). Es mas, la ley internacional prohíbe terminantemente transferir población del poder ocupante a los territorios ocupados.

Por otra parte, Yesh Din, el bufete israelí que representa a los propietarios palestinos de las tierras, atestigua que cuando Amona fue establecida , “el Fiscal General en Cisjordania determinó que la orden militar [que sirvió para incautar las tierras] nunca fue implementada y por lo tanto ha quedado nula.

“Propósitos militares” son desafortunada laguna jurídica en el derecho internacional que permite a un ocupante confiscar temporalmente la tierra privada de una población ocupada, aunque hace hincapié en su rápido retorno. Pero, a pesar de la clara ilegalidad de la presencia israelí en el predio, el proceso de evacuación de Amona está programado para tener lugar el 25 de diciembre, 20 años de su ocupación.

En contraste con Amona, el estado de la tierra que fue supuestamente de propiedad judía en Beit Hanina a la que se refiere el alcalde de Jerusalén, Nir Barakt, es similar al de tierra y propiedad de los refugiados palestinos del Nakba, de 1948.

Durante el conflicto de 1948, alrededor del 85% de la población árabe palestina (720.000 personas) se convirtió en refugiados fuera de lo que más tarde se convirtió en fronteras israelíes. Otro 5% de la población palestina fue desplazada dentro de los territorios israelíes ocupados en 1948.

Estos cientos de miles de palestinos perdieron sus derechos de propiedad en 1948, cuando Israel legisló reglamentos de emergencia. Robert Fisk entrevistó una vez al Custodio israelí de la “Propiedad de Ausentes”, eufemismo israelí para referirse a la propiedad de los refugiados palestinos. Según el custodio, las propiedades de los ausentes podrían ascender hasta el 70% del territorio bajo control israelí, incluyendo Cisjordania y la Franja de Gaza. Los censos del Mandato Británico señalan que antes de la guerra de 1948 solamente el 6% del país.

Es cierto que durante la guerra de 1948, varios cientos de judíos huyeron de Jerusalén Este y Cisjordania. También es plausible que algunos dejaran atrás propiedades, tal vez en Beit Hanina. Sin embargo, la diferencia crucial entre la gestión de su pérdida y la de los refugiados palestinos radica en el reconocimiento por parte de Israel. Es decir, mientras el estado trabaja activamente para restaurar la propiedad judía que quedó abandonada durante la guerra de 1948, niega que la misma lógica tendría que ser aplicada a los refugiados palestinos, restaurando así los derechos de propiedad en todo el territorio israelí. Israel sigue desplazando a los palestinos que viven bajo su autoridad al mismo tiempo que continúa beneficiándose de la previa confiscación de tierras palestinas.

De hecho, las demoliciones de viviendas en Palestina han aumentado este año. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), fuerzas israelíes han demolido un total de 1.033 estructuras en Cisjordania y Jerusalén Este en 2016, más del doble que en el mismo período de 2015. Esto significa que cada dos semanas este año Israel ha desplazado a un total de 44 palestinos a través de demolición de viviendas.

Por lo tanto, el intento de Barkat de afirmar que el fallo de la Corte Suprema sobre Amona afecta en todo caso a los derechos territoriales palestinos en Beit Hanina es una tergiversación de la legislación internacional e incluso israelí. Peor aún, analizar algunos principios jurídicos clave demuestra que su afirmación representa otro ejemplo más del compromiso de las autoridades israelíes de gobernar de acuerdo con el exacto opuesto de “una ley para judíos y árabes”, a pesar de seguir asegurando al mundo de otra manera.

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